EL CÉNTIMO SANITARIO ES ILEGAL, ¿Y AHORA QUÉ?

El céntimo sanitario es ilegal. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la sentencia que ha emitido hoy al respecto. Desde el 2002 hasta el 2012 en España hemos estado pagando un impuesto especial sobre los hidrocarburos que ahora ya sabemos que no deberíamos haber pagado. Se trata de un dinero extra que el Estado habría destinado al presupuesto general para mantener la Sanidad Pública. En total, en estos 10 años se han recaudado 13.000 millones de euros.

El tramo nacional del impuesto, es decir la cantidad con la que el Estado decidió gravar los combustibles, fue de un céntimo. Pero además cada Comunidad Autónoma incorporó su propio tramo. Con lo que en algunas regiones de España llegamos a pagar más de cuatro céntimos. Los más perjudicados por esta medida han sido las empresas de transportes. Algunas empresas de maquinaria pesada y excavaciones como Fontex situada en el tarraconense  barrio de Riuclar  reconocen que han llegado a perder 104.000 euros. “Fue una decisión que nos causó una gran pesadumbre porque para una empresa como nosotros que gastamos miles de litros de combustible al año, supone mucho dinero”, dice Montse Fonte, gerente de Fontex.

Irene Mallol, abogada que aunó las querellas de cerca de 80 empresas de transporte de la provincia de Tarragona y que elevó el caso al Tribunal de Luxemburgo dice “estar satisfecha con el resultado del trabajo realizado durante todo este tiempo”. “La sentencia dice que el céntimo sanitario no es legal porque no tiene un fin específico, al contrario va a parar a los presupuestos generales”, arguye la letrada. Pero además, “el impuesto no respetaba el devengo”, norma esencial para crear nuevos gravámenes impositivos.

“Lo que dice el tribunal de Luxemburgo va a misa”, asegura Mallol triunfante. Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha asegurado que no “les queda otra que acatar la sentencia”. Pero cuando se trata de saber de qué manera se va a proceder a cumplir la sentencia es cuando aparecen las dudas. En este punto Irene Mallol aclara que “no se van a devolver los 13.000 millones porque hay mucha gente particular que no guarda las facturas, hay empresas afectadas que han tenido que cerrar y además la ley fiscal sólo permite reclamar los impuestos pagados en los últimos cuatro años”.

Del total que debe el Estado devolver “yo calculo que se devolverá como mucho un 25%”, asegura la letrada Mallol. Más suerte correrán las empresas a las que representa, porque “nosotros empezamos a recurrir en 2009”, es decir dentro del plazo. La suma asciende a algo más de seis millones de euros. Para empresas como Fontex lo que importa ahora “es saber de qué manera nos lo van a devolver”, dice esperanzada su gerente, Montse Font.

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